I. Porque los seres humanos no nacen iguales en capacidad física y mental, ni en condición social, la sociedad y el Estado deben garantizar la igualdad de derechos y de oportunidades.

II. Porque existe un imperativo moral en todas las conciencias, es condenable el oportunismo personal, social y político.

III. Porque los individuos no pueden desarrollar sus vocaciones ni sus acciones fuera del contexto social, la lealtad es fundamento de todas las virtudes personales y sociales.

IV. Porque los españoles padecen temores derivados de su tradicional educación en el Estado autoritario, sólo la valentía personal puede crear la fortaleza de la sociedad civil frente al Estado.

V. Porque durante siglos se ha sacrificado y despreciado la inteligencia y el espíritu creador, apartándolos de los centros de enseñanza, del Estado y de los partidos, esas facultades individuales han de organizarse para tener presencia activa en la sociedad civil.

VI. Porque la decencia constituye el decoro de la civilización, la sociedad civil debe civilizar a los partidos y sindicatos, sacándolos del Estado.

VII. Porque entre el Estado de partidos y la sociedad civil no existe una sociedad política intermedia, la parte más civilizada de aquella debe orientar la formación de ésta, sin el concurso del Estado.

VIII. Porque la política afecta al universo de gobernados, si el lenguaje de políticos y medios comunicativos no es directo, correcto y expresivo del sentido común, disimula una falsedad o esconde un fraude.

IX. Porque no son legítimas las razones ocultas del poder político, siempre será ilegitima la razón de Estado.

X. Porque a la razón de Gobierno sólo la legitima la libertad política de los que eligen el poder ejecutivo del Estado, son ilegítimos, aunque sean legales, todos los Gobiernos que no son elegidos directamente por los gobernados y no pueden ser revocados por éstos.

XI. Porque la razón de la ley está en la prudencia de legisladores independientes, elegidos por los que han de obedecerlas, no son respetables, aunque se acaten, las leyes emanadas de Parlamentos dependientes del Gobierno.

XII. Porque la razón de la justicia legal está en el saber experto de una judicatura independiente del Gobierno y del Parlamento, no pueden ser justas ni dignas las resoluciones de una organización judicial dependiente de ambos poderes.

XIII. Porque la razón del elegido está en el mandato unipersonal, imperativo y revocable del elector, es fraudulento el sistema proporcional de listas, que sólo representa a los jefes de partido.

XIV. Porque los medios de comunicación forman la opinión pública, no puede ser imparcial ni veraz la información controlada por un oligopolio de poderes económicos.

XV. Porque la corrupción es inherente a la no separación de los poderes estatales, sólo la puede evitar, con su separación, el recelo y la desconfianza entre sus respectivas ambiciones.

XVI. Porque las Autonomías fomentan los nacionalismos discriminadores o independentistas, deben ser compensadas integrándolas en la forma presidencial de Gobierno.

XVII. Porque las Autonomías fomentan gastos públicos improductivos, sus competencias susceptibles de ser municipalizadas deben de ser transferidas a los ayuntamientos.

XVIII. Porque la monarquía de partidos carece de autoridad para garantizar la unidad de la conciencia española, y ha sido foco de golpes de Estado y corrupciones, debe ser sustituida por una república constitucional, que separe los poderes del Estado, represente a la sociedad civil y asiente el natural patriotismo en la forma presidencial de Gobierno.

XIX. Porque la única razón de la obediencia política reside en el libre consentimiento de los gobernados, éstos conservan su derecho a la desobediencia civil y resistencia pasiva, sin acudir a la violencia, frente a todo Gobierno que abuse del poder o se corrompa.

XX. Porque el pasado no puede ser revivido, sin imponerlo la fuerza del Estado, no es posible la restauración pacífica de la II República, cuya forma de gobierno parlamentario tampoco era democrática.

XXI. Porque el sistema de poder de las naciones europeas, ideado para la guerra fría, no es democrático, los españoles están obligados a innovar su cultura política para llegar a la democracia como regla formal del juego político. Por lealtad a la sociedad civil, los partidos políticos, sindicatos y organizaciones no gubernamentales no pueden ser financiados por el Estado; y por lealtad a la conciencia personal de los integrantes de este Movimiento de Ciudadanos, el MCRC no se transformará en partido político, y se disolverá tan pronto como su acción se agote con el referéndum que ratifique la Constitución democrática de la III República Española.

Soy consciente de la cuota mínima para asociados del MCRC, fijada en 10 € mensuales o en 120 € anuales, en la Asamblea General Ordinaria del 4 de marzo de 2023.

La Junta Directiva del MCRC podrá eximir de la obligación de pago de la cuota a quien alegue y justifique encontrarse en una situación que le impida asumir dicho pago.

No pertenezco —aun como simple simpatizante— a partidos políticos ni a otras asociaciones, entidades o grupos —sea cual sea su denominación—, aunque carezcan de personalidad jurídica, escindidas del MCRC o fundadas en apariencia de identidad de principios y valores, pero que se aparten de la integridad de sus normas de actuación, organización, acción y fundamentos teóricos y prácticos, aun compartiendo nominalmente objetivos o mostrando parcial analogía o similitud con los mismos.

Tampoco pertenezco, ni como miembro ni como simpatizante de facto (aun no constando como tal formalmente), a otra asociación o grupo que cuestione los fundamentos teóricos y sobre la acción del MCRC, sea contrario o simplemente niegue el elemental principio de que el MCRC es la única forma asociativa eficaz e imprescindible para la acción destinada a la consecución de la libertad política en España, tal y como estableciera su fundador D. Antonio García-Trevijano Forte.